Parecería que en el Ecuador la Asamblea Constituyente se ha convertido en un fin en sí mismo. No importa si el nuevo Congreso acepta declarar “urgente” un proyecto de reformas políticas que le envíe el próximo Presidente para que el pueblo lo apruebe en consulta. No. Lo importante es que tengamos la Constituyente.

No importa que el proyecto de Gustavo Noboa coincida con casi todas las propuestas de reformas políticas que durante su campaña el entonces candidato Rafael Correa propuso, y que habiéndose roto el candado, pueda sometérselo a consulta popular. No. Lo importante es tener la Constituyente.

No importa si por la vía de la Asamblea el país tenga que ir quizás cuatro veces a las urnas en los próximos dos años, con sus respectivas campañas electorales. No. Lo importante es que tengamos la Constituyente.

No importa si la Asamblea resuelve destituir al Presidente generando nuevamente inestabilidad. No. Lo que importa  es  que  tengamos la Constituyente.

Bueno, si hemos llegado a este extremo en que la forma vale más que el fondo, tendremos entonces la Constituyente; que será la decimanovena de nuestra historia y que, según se ha dicho, tendrá nada menos que 130 asambleístas. A pesar de las respetables opiniones en contrario –con las que probablemente el Tribunal Constitucional llegue a coincidir–, seguimos creyendo que su convocatoria no tiene impedimentos jurídicos. El asunto es saber si ese es el único y mejor camino.

Pero si no hay otro remedio habrá que esperar que al menos se tenga la sensatez de evitar los errores de Bolivia o Venezuela. Hoy Bolivia está despedazada y al borde de una guerra civil. Como Evo Morales no obtuvo la suficiente mayoría en la Asamblea para imponer su criterio, sus asambleístas optaron por una fórmula que les evita pulir consensos con sus adversarios: que los artículos de la Constitución sean aprobados por simple mayoría de votos y no por dos tercios. En otras palabras, los artículos de la Constitución se aprobarían como si fuesen los de una simple ley secundaria. Lo que rompe un principio universal de derecho constitucional. Cierto es que la fórmula de Morales le permitirá imponer sus criterios políticos. Pero cualquier Constitución que nace en esas condiciones está condenada a durar poco y provocar profundas divisiones, o a servir de alfombra para algún dictadorzuelo.

Peor aún si se busca implantar en la Constitución un sistema económico determinado. Buenos ejemplos, para citar solo dos recientes de los muchos, de sociedades que evitaron esta barbaridad son España y Chile. Sus constituciones en materia económica son flexibles, nada reglamentarias, no pretenden imponer tal o cual modelo económico.
Esto ha permitido que bajo ellas gobiernen democráticamente partidos de izquierda y derecha, según las preferencias ciudadanas.

¿Será ese el camino que lidere el nuevo gobierno? ¿O caeremos en la anarquía boliviana, o en el cesarismo venezolano? ¿Por qué no permitir democráticamente que los ciudadanos escojamos si queremos otra Asamblea o si directamente aprobamos el proyecto de Gustavo Noboa que entraría en vigencia de inmediato?

* Publicado por Diario El Universo, Guayaquil – Ecuador. Diciembre 5 de 2006.